La Revolución arrojó avances nimios respecto a los derechos políticos de las mujeres. En 1914, el presidente Venustiano Carranza decretó una ley que hizo posible que ésta pudiera obtener el divorcio en varios casos. De igual manera, el artículo 123 de la Constitución de 1917 estipuló que las mujeres trabajadoras debían gozar de prestaciones y derechos laborales diversos. Sin embargo, el Congreso Constituyente determinó no otorgarle el voto a la mujer porque “hubo desconfianza respecto a si su lealtad sería con la iglesia o con la nación”. Esto originó que mujeres, encabezadas por Hermila Galindo de Topete, se manifestaran frente al Congreso exigiendo su derecho al voto.
Los más radicales movimientos feministas registrados durante la Revolución tuvieron lugar en la península de Yucatán y en entidades del sureste del país, al amparo del gobernador Salvador Alvarado, quien impulsó el Gran Congreso Feminista de Yucatán, y Felipe Carrillo Puerto, quien en 1922 envió a la Legislatura del estado una iniciativa que concedía el voto a la mujer. Surgieron las primeras regidoras y candidatas a diputadas locales, pero al caer el gobierno de Carrillo Puerto, las elecciones fueron anuladas.
Las organizaciones feministas de todo signo ideológico tuvieron un gran respaldo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Para 1934, el Partido Nacional Revolucionario contaba con un sector femenil y las comunistas mantenían su línea de lucha radical. En 1935 nació el Frente Único pro Derechos de la Mujer, que reunía a 800 agrupaciones femeninas de todo el país y sumaba cerca de 50,000 integrantes. Aglutinaba desde socialistas hasta esposas de funcionarios del régimen. A pesar de las diferencias, coincidían en su afán de conquistar el derecho a votar y ocupar cargos públicos.
En los estados de Puebla y Veracruz hubo intentos de otorgar el voto a la mujer. La lucha por ese derecho persistió y, en agosto de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas anunció en un mitin de la Confederación Femenina Mexicana en Veracruz el otorgamiento del derecho al voto para la mujer y en noviembre envió la iniciativa correspondiente al Congreso de la Unión para reformar la Constitución y considerar ciudadanos de la República a todos los hombres y mujeres que tuvieran la calidad de mexicanos y que tuvieran 18 años si eran casados o 21 si eran solteros.
Los vínculos del Frente con el partido oficial dieron resultados favorables para las feministas: Soledad Pérez Macías, conocida como Soledad de Orozco Ávila, integrante del Frente, y que ya militaba en el PNR, fue designada candidata a diputada local por el Distrito de León; sin embargo su candidatura fue rechazada por los diputados federales al considerar que el voto femenino favorecería a la oposición.
Fue una combativa feminista oriunda de Los Altos de Jalisco, pero radicada y formada escolarmente en León y participante con otras mujeres leonesas y guanajuatenses en luchas por los derechos feministas.
En marzo de 1938, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer se incorporó al Partido de la Revolución Mexicana (nuevo nombre del PNR) con la esperanza de lograr el cumplimiento de sus demandas, mismas que fueron rechazadas de nuevo con un viejo argumento: el riesgo de que la Iglesia influyera en el voto femenino a favor de la “reacción”. La iniciativa cardenista de voto para la mujer fue aplazada. Lograr, años más tarde, el derecho de las mujeres a votar y ser electas fue el siguiente paso.
El derecho al voto: la dolorense Virginia Soto, entre las primeras alcaldesas de México
La Unidad Nacional del gobierno de Manuel Ávila Camacho, quien relevó a Cárdenas, limitó la lucha de comunistas y feministas y disciplinó a las mujeres del partido oficial. Fue Miguel Alemán Valdés, al ganar la elección en 1946, quien decidió otorgar el derecho de las mujeres a votar en las elecciones, pero de manera paulatina, comenzando por el ámbito municipal.
Apenas tres días luego de tomar posesión del cargo, envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la fracción primera del artículo 115 constitucional, la cual fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 1947.
Como resultado, surgieron las primeras delegadas en el Distrito Federal, en el poder judicial dos mujeres destacaron como agentes del Ministerio Público y una más como magistrada del Tribunal Superior de Justicia y Territorios Federales. También fueron electas las primeras presidentes municipales de la historia de México: en 1938, Aurora Meza Andrade, por Chilpancingo, Guerrero; le siguieron María del Carmen Martín del Campo, en Aguascalientes; y Virginia Soto, en Dolores Hidalgo. Guanajuato.
Las mexicanas iniciaban una larga lucha por sus derechos a nivel federal. Como respuesta a una Asamblea Femenil Nacional realizada por veinte mil mujeres el 6 de abril de 1952 en el parque 18 de Marzo de la ciudad de México, el recién electo Adolfo Ruiz Cortines anuncio que enviaría a las Cámaras una iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional y demás relativos al voto femenino. El 17 de octubre de 1953 se publicó la disposición correspondiente y con ella inició la primera etapa del cumplimiento del voto para la mujer en el país.
El 9 de diciembre de ese año, Miguel Alemán presentó su iniciativa de ley y desde 1954 la mujer obtuvo el derecho a votar en todas las elecciones. El 3 de julio de 1955 por primera vez las mexicanas emitieron su voto en elecciones federales a fin de integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión.
En los años postreros fueron electas las primeras diputadas y alcaldesas en la entidad. Sin embargo, la igualdad plena y otros derechos políticos se irían convirtiendo en la nueva agenda del feminismo mexicano.
