LAS MUJERES INSURGENTES DE PÉNJAMO: HEROÍNAS VITOREADAS EN EL GRITO EN DOLORES HIDALGO
La noche del 15 de septiembre, desde Dolores, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, incitó vivas a varias mujeres conocidas por ser heroínas del movimiento independentista de México: Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Armendáriz, Tomasa Esteves, Manuela Taboada, María Josefa Marmolejo, María Ignacia Rodríguez (“La Güera” Rodríguez) y un grito a una colectividad: “las mujeres de Pénjamo”.
Josefa Ortiz era la esposa del corregidor de Querétaro, Antonio Domínguez, y fue quien avisó a Miguel Hidalgo y compinches que la conspiración autonomista había sido descubierta; Leona Vicario fue esposa de Andrés Quintana Roo y financió a la causa libertaria; y María Molina (“La Capitana”), que fue una indígena de Taxco que formó y lideró un grupo en combate junto a Morelos; y la “Güera” Rodríguez, otra espía, pero que lidiaba con las élites y contribuyó a la consumación de la independencia. Mencionó también a guanajuatenses.
Gertrudis Armendáriz, silaoense, era cuñada de Hidalgo, apoyó a la causa y fue fusilada en 1815; la salmantina Tomasa Esteves realizó labores de inteligencia y espionaje a favor del ejército insurgente, murió fusilada en 1814; y la leonesa María Josefa Marmolejo fue esposa del insurgente Ignacio Aldama. “Las mujeres de Pénjamo” tienen su historia especial: no fueron una sola heroína individual, sino un colectivo de mujeres que se convirtieron en un símbolo histórico de resistencia y dignidad frente a la represión del ejército realista durante la Independencia de México.
Así surgieron
En 1814, el Bajío era un foco de intensa actividad insurgente. Para debilitar a los rebeldes locales, el jefe realista de Guanajuato, Agustín de Iturbide, comandante general de las tropas del Bajío y segundo del Ejército del Norte, aplicó la estrategia militar de tierra quemada y represalia familiar. Su orden fue radical: detener a cualquier mujer que se encontrara sin su esposo o menor de edad sin su padre en la región de Pénjamo.
Iturbide las acusaba de alimentar, curar y servir de espías para los insurgentes, llegando a declarar: “Esta clase de mujeres, en mi concepto, causan a veces mayor mal que algunos de los que andan agavillados”.
Aunque ellas dijeron que se trataba de 300 prisioneras y otras versiones señalan que eran 100, los documentos históricos sólo consignan 32. A María Josefa Paul, viuda de un capitán del rey, la sacaron de su casa “sin permitirle sacase más que la ropa puesta”, embarazada. Y su casa la quemaron los insurgentes.
Hayan sido 32 o 330, las mujeres fueron sacadas de sus casas de manera arbitrarialos días 29 y 30 de noviembre de 1814. Iturbide entró a Pénjamo y se llevó presas a las que encontró principalmente en el poblado y en la hacienda de Barajas.
Bajo el sol ardiente, cargando a sus hijos menores y bajo la constante amenaza de recibir azotes, las hicieron caminar diecinueve leguas —más de 67 kilómetros— hasta Irapuato y catorce más hasta Guanajuato —casi 59 kilómetros—, con dos comidas en todo el viaje. Sus niños lloraban de hambre y sobre ellas pesaba la orden de dar veinticinco azotes a la que no aguantara el paso de la tropa. Dicen que entraron a los pueblos “como si fuéremos una piara de cerdos”. Las encerraron en la Casa de Recogidas de Guanajuato. Nunca les formaron causa.
Las “Casas de Recogidas” operaban como cárceles inhumanas. Dormían en el suelo, desnudas y sin comida suficiente. Cuando los grupos insurgentes atacaron haciendas realistas en respuesta a las detenciones, Iturbide amenazó directamente con fusilar a todas las mujeres presas. Aunque las ejecuciones no se consumaron, sufrieron una violencia psicológica.
Estas “casas” eran instituciones que originalmente surgieron en la época colonial con fines de “reforma moral y religiosa” para resguardar a mujeres vulnerables, viudas, prostitutas o aquellas acusadas de adulterio; pero durante la Guerra de Independencia, el ejército realista transformó estas instituciones en cárceles contrainsurgentes clandestinas de máxima seguridad, destinadas exclusivamente a castigar a las mujeres que apoyaban la rebelión.
En estas prisiones imperaba un régimen de maltrato físico y psicológico. Su operación se basaba en el hacinamiento absoluto, el aislamiento y la privación de servicios elementales: las internas carecían de camas, debían realizar trabajos forzados (como moler maíz para las tropas realistas) y se les negaba el derecho a defenderse legalmente, ya que no se les abría ningún juicio formal.
Un documento que está en resguardo en Texas fue escrito en enero de 1815 por el cura de Guanajuato, Antonio Labarrieta, para protestar por lo que Iturbide estaba haciendo: cuenta que tenía presas en la ciudad a más de treinta mujeres, varias con sus niños enfermos de viruela, en prisiones estrechísimas, y que él mismo le pidió que las soltara, aunque fuera bajo fianza. No lo consiguió.
Muchas de las mujeres encerradas en ese espacio resistieron con firmeza en prisión hasta mediados de 1817.
Los testimonios escritos
Aunque la mayoría de los registros las catalogan de forma colectiva como un bloque anónimo, los archivos históricos y las cartas de protesta enviadas al virrey conservaron la identidad de algunas de sus líderes e integrantes:
Juana María Villaseñor, María Josefa y Casilda Rico, Petra Arellano, Rafaela González, María Regina Barrón, María de Jesús López, María Josefa Paul, Manuela Suarto, Manuela Gutiérrez, Luisa Lozano, María Josefa Espinosa, Francisca Uribe y María Bribiesca. Las dos últimas eran las únicas que sabían escribir su nombre.
Ambas lideraron una de las muestras de resistencia pacífica y legal más valientes del Bajío al redactar cartas dirigidas directamente al Virrey.El contenido de estas cartas detallaba la crueldad del sistema realista a través de los siguientes puntos:
Narraron con amargura cómo las hicieron caminar desde Pénjamo bajo el rayo del sol y hasta Guanajuato. Describieron que la tropa tenía la orden de dar 25 azotes a la mujer que no aguantara el paso, obligándolas a avanzar mientras sus hijos lloraban de hambre. Denunciaron que entraron a los pueblos escoltadas por los realistas “como si fuéremos una piara de cerdos”.
Expusieron el horror de las celdas, donde la total “falta de socorros” y alimentos, sumada a la obligación de dormir sobre el suelo de tierra, las había dejado físicamente destrozadas, describiéndose a sí mismas y a sus compañeras como “casi cadavéricas” y vestidas con harapos.
Las cartas contenían un reclamo legal sumamente astuto. Al no ser militares, exigían que se detuviera la “arbitrariedad de los magistrados”. Demandaron formalmente que se les iniciara un proceso judicial o juicio formal; su argumento era claro: si eran culpables de un delito, querían ser oídas y sentenciadas conforme a la ley, pero si no había pruebas en su contra (como era el caso), debían ser liberadas de inmediato.
En las cartas que las mujeres letradas escribieron, no se dicen insurgentes. Se dicen inocentes, presas por ser esposas, madres o hermanas de alguien. La cifra de 300 mujeres que tanto se repite en la tradición oral y algunas versiones de la historia, es la que dieron ellas; Iturbide habló de más de cien.
Sin embargo, a pesar de la elocuencia y desesperación plasmada en las cartas de Uribe y Bribiesca, las autoridades virreinales las ignoraron sistemáticamente. Agustín de Iturbide continuó utilizándolas como moneda de cambio y rehenes de guerra, amenazando con fusilarlas si los líderes insurgentes locales atacaban las propiedades realistas.
Muchos de estos históricos memoriales e informes de resistencia se conservan hoy en el Archivo General de la Nación y en colecciones especializadas de historia mexicana, en los que testifican que estas mujeres combatieron la opresión no sólo con resistencia física, sino utilizando las herramientas de la palabra y el derecho.
Iturbide contestó con su puño y letra a las quejas enviadas al virrey, y no negó nada. Escribió que “esta clase de mujeres, en mi concepto, causan a veces mayor mal que algunos de los que andan agavillados”.
Finalmente, fueron liberadas por orden del virrey Juan Ruiz de Apodaca en 1817, algunas en enero y otras en julio de ese mismo año. Su liberación pudo deberse a varias causas. Por una parte, la propia insistencia de las mujeres. Por la otra, a propuesta del Auditor de Guerra, Miguel Bataller; obien, por el inicio de las indagaciones que Félix María Calleja ordenó para investigar la conducta cristiana, política y militar de Agustín de Iturbide.
Hayan sido 32, 100 o 300, pasaron más de dos años presas sin juicio, y que al final a unas las sacaron “en calidad de sirvientes” y a otras las indultaron de un delito que nunca les probaron.Eran mujeres de Pénjamo, de apellidos Rico, Barrón, Lozano, González, Uribe, Villaseñor.Son las mujeres que estuvieron en la arenga del día del grito, junto con las madres buscadoras.
Fuentes
María José Garrido Asperó, “Entre hombres te veas: las mujeres de Pénjamoy la revolución de Independencia”, en Disidencia y disidentes en la historia de México, de Felipe Castro Gutiérrez y Marcela Terrazas (coordinacióny edición), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2003. Publicado en línea: 21 de junio de 2019
María de Jesús Rodríguez, “México, independencia, mujeres, olvido, resistencia, rebeldía, dignidad y rescate” en http://alegatos.azc.uam.mx/index.php/ra/article/view/374.
Datos publicados por el investigador penjamense, radicado en Austin, Texas, Jorge Ayala Soto, extraídos de:
Archivo General de la Nación, Infidencias, Volumen 159, expediente 9-11 (causa de infidencia número 1367, 1816-1817).
Nettie Lee Benson Latin American Collection, Universityof Texas at Austin, Hernández y Dávalos ManuscriptCollection, HD 10-3.733 (Guanajuato, 5 de enero de 1815).
