El 2 de enero de 1946, por la tarde, soldados apostados en la azotea de la presidencia municipal de León, dispararon contra miles de personas que protestaban contra los resultados de la elección para alcalde realizada en diciembre del año anterior. El saldo oficial fue de 26 personas asesinadas y más de 400 personas heridas. Los testimonios de sobrevivientes hablan de muchas más.
El precedente
En 1945, el oficialista Partido de la Revolución Mexicana (PRM, antes Partido Nacional Revolucionario y luego Partido Revolucionario Institucional), lanzó como candidato al médico Ignacio Quiroz Ortiz, pero el personaje no fue bien visto ni siquiera por los militantes de su propio partido. Se trataba de un hombre cercano al presidente municipal, Salvador Muñoz Orozco, y representaba cuidar los intereses de la clase empresarial y política del municipio.
El PRM era fuertemente cuestionado: encabezaba un gobierno municipal incapaz de proporcionar servicios adecuados, traficaba con contratos públicos onerosos y les encarecía las cuotas, derechos e impuestos.
Había terminado la Segunda Guerra Mundial y la restricción de las garantías individuales que había traído consigo, pensaban que podrían ejercer libremente su voto en las próximas elecciones municipales.
Ante el repudio al partido oficial, un grupo de ciudadanos impulsó la creación de la Unión Cívica Leonesa (UCL). Según el investigador Héctor Hesiquio Rodríguez Martínez, su finalidad fue respaldar a la burguesía local para enfrentar abusos fiscales y en el organismo participaban integrantes de las familias Pons, Obregón y Arandas, de las más prominentes de esa ciudad que no superaba los 100 mil habitantes.
De acuerdo con el historiador Pablo Serrano, en un artículo publicado también en la revista Tiempos, del Archivo Histórico Municipal de León, la UCL fue una organización de masas con presencia indiscutible, de un campesinado resentido, de obreros de pequeñas industrias y de clase media, parapetada así del cardenismo. La UCL se configuraba como una organización civil pluralista en la que también participaban comerciantes, industriales, hacendados, empresarios, artesanos y amas de casa.
En ese contexto, ante la poca popularidad de su candidato, un grupo de militantes del PRM se asumió como disidente y se unió a grupos ligados a la entonces fuerte Unión Nacional Sinarquista (UNS) y al incipiente Partido Acción Nacional (PAN) y tomaron a la UCL como plataforma electoral.
El 6 de julio de 1945 constituyeron a la UCL como partido político local, con el lema “Por un León mejor” y dirigido por Ricardo Hernández Sorcini, como presidente (era un agente de seguros), Jesús Garibay (trabajador ferrocarrilero), como secretario, y Florencio Quiroz como tesorero. La UCL se pronunció a favor de Carlos Obregón, un prestigiado comerciante, apartidista, con fama de honesto y altruista.
Las elecciones fueron el 16 de diciembre de 1945 y el gobierno estatal, a través del Congreso dominado por el PRM, proclamó ganador a Quiroz. La UCL acusó al PRM de haber usado durante la campaña y el proceso electoral un sinfín de triquiñuelas, –de acarreo de votantes y de robo de urnas–, las cuales habían logrado contrarrestar la movilización ciudadana, auxiliada hasta por notarios públicos.
Para protestar contra el fraude electoral, la UCL publicó un manifiesto en el que denunció que los soldados habían impedido la reunión de la Junta Computadora en su recinto oficial y que ésta había contado 22,173 votos para la planilla que encabezó Obregón y sólo 58 para la encabezada por el doctor Ignacio Quiroz, y que cuando se realizaba el cómputo se organizó otro grupo que se ostentó como la Computadora y proclamó el triunfo del candidato del PRM. Señalaron que las fuerzas federales “ayudaron a la imposición de las autoridades municipales espurias”.
El Comité Estatal del PRM rechazó las acusaciones y señaló “lo único que no podemos entregarles es la revolución misma, es decir, el gobierno del país, pues ello sería retrogradar a México medio siglo y haría estériles los sacrificios de nuestras luchas prolongadas y cruentas”.
A partir de ese momento comenzaron las protestas para exigir el respeto a los resultados de la elección. El gobierno del estado solicitó la presencia del ejército y un centenar de soldados se acuarteló en la ciudad.
La matanza
A finales de 1945, la UCL convocó a un mitin en el parque Hidalgo, a medio kilómetro de la plaza principal. Acordaron hacer una gran protesta si Quiroz tomaba posesión. El 1 de enero de 1946, el candidato oficialista rindió protesta a las 11:00 horas. Los de la Unión convocaron reunirse el 2 de enero en la plaza principal. En esa época el gobierno no permitía protestas públicas en las plazas centrales.
En las primeras horas de este día, brigadas de la UCL invitaron a la población a un paro cívico de labores en protesta por el fraude electoral y el mal gobierno y a reunirse frente al Palacio Municipal en demanda de que se retirara del cargo a Quiroz y se reconociera el triunfo de Obregón.
Como a las cuatro de la tarde ya la plaza tenía a miles de manifestantes. Ahí informaron a la multitud asistente que ya se había solicitado la intervención del presidente Ávila Camacho y que se estaba negociando con el gobernador Hidalgo.
Las tropas que resguardaban el palacio comenzaron a movilizarse, pero la multitud mantuvo su protesta. El mitin continuó y algunos oradores informaron que de un momento a otro se reconocería la victoria de Carlos A. Obregón. Sectores de manifestantes pasaban frente a los soldados, cargaban un ataúd donde paseaban a una persona que tenía afección de sus facultades mentales.
Se armó el plantón, entre amenazas de soldados e insultos de los manifestantes. Pasadas las nueve de la noche, un apagón precedió al inicio de las descargas de fusiles y ametralladoras sobre los manifestantes.
El resultado fue la matanza; hubo pedradas de manifestantes a los soldados y éstos respondieron con más balas. La gente huyó y trató de protegerse en las bancas, los árboles y en el kiosco de la plaza.
Otros corrieron a refugiarse en los templos cercanos. Entonces los soldados, al mando del general Bonifacio Salinas Leal, salieron en abanico del recinto oficial y arremetieron con bayonetas y caballos contra quienes todavía no abandonaban la plaza. Al comenzar la huida, los soldados persiguieron a los que corrían y dispararon contra ellos. El número de víctimas es indeterminable, pues los muertos y heridos se dispersaron entre la Cruz Roja, los hospitales públicos y privados, los consultorios médicos y las casas de particulares. La Cruz Roja debió cerrar sus puertas para evitar que los heridos fueran rematados por los soldados. De la agresión no escaparon ni los socorristas. Los militares dispararon contra una ambulancia y mataron al socorrista Ignacio Horta. Oficialmente se reconocen 26 muertos y 37 heridos graves. La Plaza de la Constitución quedó como referente de la matanza. Con la llegada del panismo al poder se le cambió de nombre a Plaza de los Mártires del 2 de Enero.
Las secuelas
En ese tiempo León no tenía aún un diario, pero el eco de la matanza a nivel nacional fue retomado por impresos como Excélsior y El Universal. La presión social consiguió que el gobernador Ernesto Hidalgo sustituyera al ayuntamiento encabezado por Quiroz. El presidente Manuel Ávila Camacho pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJN) que, conforme al Artículo 97 constitucional, investigara la grave violación a garantías individuales y solicitó a la Comisión permanente del Congreso (pues el Senado se hallaba en receso) que declarara que habían desaparecido los poderes en Guanajuato.
La Corte, con el leonés Hilario Medina como presidente, nombró a los ministros Carlos Ángeles y Roque Estrada para que efectuaran la correspondiente investigación. El 7 de enero, la SCJN determinó la desaparición de poderes en el estado de Guanajuato con el propósito de reconocer la defensa de la soberanía municipal y la voluntad popular. La Cámara de Diputados federal realizó el 7 de enero el juicio de procedencia para el desafuero y el Senado, que se encontraba en receso, convocó a sesión extraordinaria para el 8 de enero a fin de decretar la desaparición de poderes. El gobernador Hidalgo no esperó a la sesión parlamentaria y presentó su renuncia antes de ser notificado sobre su cese.
El máximo Tribunal concluyó que debían ser enjuiciados dos altos jefes militares que ordenaron a su tropa disparar contra los ciudadanos. El general Salinas y un soldado de nombre José Ortiz Muñoz, un asesino serial que apodaban “El Sapo”, fueron recluidos en el Palacio Negro de Lecumberri como responsables de la matanza.
Finalmente, el gobierno federal y el gobernador provisional, Nicéforo Guerrero Mendoza nombraron a Carlos Obregón presidente de una Junta de Administración Civil. Tomó posesión el 19 de febrero de 1946 y su gobierno estuvo constituido principalmente por gente sin partido.
Meses después de estos hechos, ya como exgobernador, Ernesto Hidalgo publicó el texto El caso de Guanajuato ante la conciencia de la Nación, en el que responsabilizó a los hermanos Trueba Olivares y a otros dirigentes sinarquistas de incitar a la violencia.
Y comentó “lo irrisoria que resulta la llamada soberanía de los estados…”, para concluir que “Quedó dilucidado lo que no era un misterio para las depuestas autoridades de Guanajuato: que propiamente la guardia militar que originó la matanza disparó sin órdenes de nadie”.
Personajes como Jorge Negrete y Mario Moreno “Cantinflas” acudieron a León para solidarizarse con las víctimas; intelectuales como Martín Luis Guzmán y Vicente Lombardo Toledano acusaron a la UNS de incitar a la violencia.
Hoy se les recuerda con un cenotafio levantado en el panteón de San Nicolás y otro en plena plaza, en honor de Ignacio Horta, el socorrista asesinado. Frente a catedral, la llamada Plaza Benedicto XVI tiene un mural en relieve de bronce en memoria de las personas caídas, fue colocado durante la gestión de Ricardo Sheffield Padilla.
2 de enero no se olvida.
