INFANCIA ES DESTINO: INFANCIAS DESPLAZADAS POR LA FUERZA

Es difícil ser siempre yo si dejo pedazos regados por todas partes.
Lucía Calderas, Nuestra gloria los escombros

Era 1986, el año del Mundial de Futbol. Los camiones de Coca Cola llegaban al patio de la escuela pública como si fueran una aparición, repartían las botellas servidas en bolsitas transparentes con popote, y yo hundía el popote en ese líquido tibio y gasificado que nadie en su sano juicio debería probar pero que bebía con devoción, y luego me formaba otra vez en la fila aunque ya me dolía la panza. No sé por qué lo hacía. Tal vez porque era gratis, tal vez porque era el Día del Niño y en ese día se podían hacer cosas que no tenían sentido y eso era parte de la celebración. El Día del Niño, así se llamaba en mis tiempos, no el de Las Infancias sino el Del Niño, a secas, sin niñas, lo cual ya entonces me parecía una pregunta sin respuesta satisfactoria, pero era lo que había. Y lo que había era también el sol a plomo, la ropa normal en lugar del uniforme, la kermés y los boletitos de colores con los que comprábamos fruta bien asoleada, algunas chucherías, tacos. Corríamos. Éramos libres. Estaba el registro civil ahí, con su caseta, como testigo silencioso de todo eso que nadie llamaba felicidad pero que lo era, o al menos se le parecía mucho.

En mi casa siempre hubo crisis, y en la escuela también hablaban de crisis, la del país, la de afuera. Pero yo sentía que no me faltaba nada, o no sabía que faltaba, que son cosas distintas porque de niña no se distinguen fácilmente. Cuando ahora me dicen que hay que sanar las heridas de la infancia, me pasa algo que no sé muy bien cómo nombrar: no quiero volver a lo que supuse que era doloroso para mí, a lo que ahora desde aquí parece que sí fue difícil, y perder también el sol y los boletitos y la panza llena de gas y la fila de vuelta. No quiero que la revisión borre la kermés.

“Infancia es destino”, me dijo mi terapeuta, citando al psicoanalista mexicano Santiago Ramírez. Pero no como condena. Y yo, que tengo cosas de mi infancia a las que no quiero volver, que prefiero dejar donde están, al menos tengo un patio al que regresar, una escuela pública y boletitos de colores, la mano de mi mamá sobándome la panza cuando me dolía, aunque sea solo en la memoria. Ese regreso imaginario es un ancla. Es lo que permite pararse en algún sitio y decir: yo vengo de ahí.

Hay infancias que no tienen esa ancla, porque alguien se las quitó. Y en México, en este momento, hay cientos de miles de niñas y niños viviendo eso, sin que el Estado haya encontrado todavía la manera ni las ganas de llamarle por su nombre.

Modificar el destino supone tener algo desde dónde empezar. Un lugar, una memoria, aunque sea incompleta o dolorosa. Hay niñas y niños en este país a quienes arrancaron de su lugar antes de que pudieran grabarlo bien, antes de que la memoria tuviera tiempo de guardar nada. Eso tiene un nombre, aunque México se haya tardado demasiado en pronunciarlo: desplazamiento forzado interno.

Ocurre cuando una familia es obligada a abandonar su hogar sin cruzar ninguna frontera internacional. No aparece en las noticias de la frontera norte, no genera trámites consulares, no tiene la visibilidad de la migración. Ocurre adentro, en silencio, cuando alguien decide que irse es la única forma de seguir vivos. Y el Estado mexicano, que lleva décadas conviviendo con este fenómeno, no lo reconoció oficialmente sino hasta 2019. Hasta hoy, no existe una ley federal que lo regule. Solo tres estados, Chiapas, Guerrero y Sinaloa, tienen leyes propias, y la mayoría sin presupuesto ni reglamento que las haga funcionar. La ley en el papel y el desplazamiento en los cuerpos.

Las cifras que existen no las produce el Estado sino las organizaciones que hacen el trabajo que el Estado no hace. Según el informe Travesías Forzadas, publicado en 2025 por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la estimación total de personas desplazadas asciende a cerca de trescientas noventa mil personas que tuvieron que abandonar sus hogares por la violencia. Y dentro de esas trescientas noventa mil personas, están los niños y las niñas.

El Observatorio de Desplazamiento Interno de la ONU estimó que al cierre de 2019 había en México ciento siete mil infantes desplazados por conflicto y violencia. Eso antes de la pandemia y antes del recrudecimiento de 2024. Hoy la cifra es mayor y menos conocida, porque las infancias desplazadas no votan, no dan conferencias de prensa y rara vez aparecen en los datos oficiales de un Estado que todavía no ha decidido si quiere contarlos.

Lo que el desplazamiento le hace a una infancia no cabe en una estadística. Le quita la escuela, la lengua si es indígena, el nombre de sus calles, la tumba de sus abuelos, la mano que le sobaba la panza cuando le dolía. Le quita el patio. Y en el lugar adonde llegan la esperan otras formas de exclusión: discriminación, falta de documentos, desconfianza, barreras para acceder a salud y educación. Muchos no vuelven a la escuela y algunos no pueden estar en espacios colectivos porque el trauma de los enfrentamientos los marcó para siempre.

El derecho internacional no llegó tarde a este tema. Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, conocidos como Principios Deng, existen desde 1998. Establecen que los Estados tienen la obligación de prevenir el desplazamiento, proteger a las personas durante el desplazamiento y garantizar soluciones duraderas. México los conoce. Los ha citado y, sin embargo, no los ha convertido en ley.

Nuestra Constitución establece en el artículo 4° el interés superior de la niñez como principio rector de todas las decisiones que afecten a los infantes. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho a la identidad, a la educación, a la vida familiar, a no ser separados de su entorno sin causa justificada. Una infancia desplazada por la fuerza ve todos esos derechos vulnerados de manera simultánea, y el Estado lo sabe, porque está escrito en sus propias leyes, y aun así no actúa.

Y aun así, los casos de desplazamiento interno rara vez llegan a los tribunales. En toda la historia reciente del país se han emitido apenas una veintena de sentencias sobre el tema. La proporción habla sola. Entre esas pocas resoluciones destaca el Amparo en Revisión 795/2023, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de 2024. El caso: nueve grupos familiares desplazados por la violencia en Chihuahua desde hace más de diez años, reconocidos como víctimas de violaciones a derechos humanos, esperando una reparación que el Estado sabía que les debía y que nunca terminó de otorgar. La Corte ordenó repararles y al hacerlo sentó un principio que debería ser obvio: no se puede dejar descansar exclusivamente en los hombros de las víctimas la extenuante labor de superar los obstáculos de acceso a la reparación.

El derecho puede ordenar, puede proteger, puede reparar. Lo que no puede hacer solo es reconstruir una identidad fragmentada, devolver años de escuela perdidos, restituir el tejido comunitario que la violencia deshizo. Ese daño ya está hecho en los cuerpos y en las memorias de miles de niñas y niños.

Lucía Calderas escribe sobre vidas hechas de fragmentos, sobre lo que queda cuando algo se rompe y ya no vuelve a ser entero. Eso es exactamente lo que le ocurre a una infancia arrancada de su lugar y crece hecha de pedazos que nadie tuvo la obligación legal de ayudarle a juntar.

Y cada año que pasa sin una ley federal, sin un registro confiable, sin una política integral, es un año más de deuda acumulada que vamos a cargar colectivamente durante décadas.

Este 30 de abril se celebra en México el Día de las Infancias, en todas las escuelas del país habrá fiesta, se organizarán actos cívicos, se cantarán canciones, se repartirán dulces, se hablará de ellas y de ellos, de sus derechos, de su importancia, del futuro que representan. En otros lugares, no hay fila, ni patio, ni regreso, solo fragmentos. Y la tarea de aprender a vivir con ellos, porque nadie estuvo obligado a evitar que se rompieran.