LA TIERRA QUE NO CANTA. LAS CAMPESINAS DE MÉXICO Y LA VIOLENCIA QUE SE CONFUNDE CON COSTUMBRE

Ya con esta me despido,
por ser la última vez;
en el mundo no hay justicia,
ni en la tierra ni en la ley.

“30-30”, corrido interpretado por Óscar Chávez

Cada vez que suena esa canción, el aire se espesa. No es tristeza, es algo más hondo: una memoria que no se deja olvidar. Mi abuelo la tocaba en la armónica, con los ojos cerrados, como si cada nota trajera de vuelta un pedazo de campo. Era campesino, de los que sabían leer el tiempo en el color del cielo. En Arandas, Jalisco, trabajaba de sol a sol, arando, sembrando, cuidando el maíz que a veces alcanzaba y a veces no. Tuvo catorce hijas e hijos. Los hombres iban con él al campo; las mujeres se quedaban en casa, junto al metate, moliendo el maíz para las tortillas. Así se repartía la vida: los unos con la tierra, las otras con el fuego.

Pero mi madre rompió ese reparto. Siendo niña, también acompañaba a mi abuelo: descalza, con los pies hundidos en el lodo, ponía las semillas una por una, mientras el sol le quemaba la piel igual que a los hombres. Luego regresaba a casa a cargar agua, a cocinar, a lavar. Su cuerpo era parte de la tierra y de la casa, sin descanso en ninguno de los dos mundos. Mi abuela, en cambio, pasaba el día de pie, moliendo, cocinando, amasando. Nadie lo habría llamado trabajo, pero lo era. La pobreza tiene muchas formas, y casi todas pesan en las manos de las mujeres.

Cuando la tierra se agotó, no solo migró mi abuelo: migró toda la familia. Con ellos migró también la pobreza, que cambió de paisaje, no de rostro, al llegar a León, Guanajuato. En el campo la pobreza tenía cielo; en la ciudad, tenía techo. En las noches, él tocaba la armónica, un sonido de aire y tristeza que llenaba la casa. No hablaba de lo que extrañaba, pero en esa música estaba todo lo que no dijo. Tal vez por eso, cada vez que la escucho, siento un nudo en la garganta: es la voz de un país que trabaja sin descanso y sin justicia.

Hace unas semanas volví a pensar en él, viendo las imágenes de las carreteras bloqueadas. Los hombres del campo habían salido otra vez, con sus tractores, con sus carteles escritos a mano: “Sin campo no hay país”, “Queremos vivir del campo, no morir en él”. El polvo subía como un rezo. Eran hombres curtidos por el sol, cansados de promesas. Sus rostros tenían la dignidad de quien exige sobrevivir. Y sin embargo, algo me incomodó: el caos, los caminos cerrados, los productos que no llegaban, las ciudades detenidas. Esa molestia duró un instante, lo suficiente para avergonzarme. Porque la protesta interrumpe, sí, pero el abandono también.

Y fue entonces, entre el ruido de los tractores, cuando noté lo que faltaba: no había mujeres. Ninguna voz femenina alzando una pancarta, ningún rostro detrás del volante. Pensé en mi madre, en mis tías, en mi abuela. Tal vez estaban ahí, fuera de cámara, cocinando para los manifestantes, cuidando a los hijos e hijas que quedaron en casa, asegurando que la vida siguiera mientras los hombres protestaban. Pero también pensé en las otras, las que trabajan la tierra con las mismas manos que ellos, las que siembran y cosechan, las que cargan bultos, las que dirigen cooperativas o venden su maíz en el tianguis. Ellas tampoco aparecían. Su lucha no tenía micrófono ni pancarta, aunque todos los días repitieran el mismo reclamo: vivir del trabajo propio.

No es que no estén, es que el encuadre no las muestra. Las luchas del campo y las luchas de las mujeres caminan por sendas distintas: las unas pelean por el precio del grano, las otras por el derecho a vivir sin miedo. Y entre ambas corre un silencio que duele, porque la violencia económica también es violencia de género. Esa ausencia pesa como la armónica de mi abuelo. No porque sorprenda, las mujeres del campo siempre han estado, sino porque seguimos sin verlas. Esa es otra forma de violencia: la que borra, la que calla, la que disfraza de costumbre lo que en realidad es exclusión.

Recordé entonces un reglamento que había leído hace años y lo busqué, como quien sigue un hilo que no sabe a dónde lleva. Lo encontré: el Reglamento de la Ley Agraria para Fomentar la Organización y el Desarrollo de la Mujer Campesina, firmado por Ernesto Zedillo en 1998. Prometía progreso, autonomía, desarrollo. Pero al leerlo de nuevo, se nota que hay violencias que se escriben con tono burocrático: las mujeres podían organizarse, trabajar, producir… pero no poseer. Podían sembrar, pero no decidir sobre la tierra. La ley las nombraba, pero no las reconocía.

Han pasado casi treinta años y el discurso cambió, aunque el fondo no tanto. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa el programa Mujeres Productoras para el Bienestar, una extensión de Producción para el Bienestar, que busca fortalecer el papel de las mujeres rurales. Es una promesa legítima, esperanzadora. Pero cuando se leen los documentos oficiales, vuelve la misma voz: apoyo, acompañamiento, capacitación. Palabras nobles, pero tuteladas. Nadie dice propiedad, herencia, poder. La tierra sigue teniendo nombre de hombre. Los programas cambian de nombre, pero no de raíz.

El problema no son las intenciones: es la estructura. Durante décadas, el Estado ha visto a las mujeres del campo como beneficiarias, no como sujetas de poder agrario. El reglamento de Zedillo les daba permiso de organizarse; el plan actual, recursos para producir. Pero ninguna de esas políticas cuestiona quién decide. El Estado sigue hablando desde arriba, con voz de tutor. Les da crédito, pero no autoridad; les entrega apoyos, pero no autonomía. No basta con visibilizarlas: hay que redistribuir el poder. Porque una mujer con tierra, pero sin poder sobre ella, sigue siendo un instrumento económico, no una dueña de su destino.

Lo que falta no es buena voluntad, sino justicia estructural. La Ley Agraria debe reformarse para garantizar la paridad en los órganos ejidales y el reconocimiento pleno de la igualdad sustantiva en la tenencia de la tierra, conforme al artículo 4º constitucional y a los compromisos internacionales asumidos por México bajo la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Se necesita alfabetización jurídica, educación agraria, acompañamiento legal: que las mujeres sepan leer la ley, hablar en la asamblea, exigir un certificado a su nombre; que su firma valga tanto como la del hombre que siempre firmó por ellas. Sin esa revolución del conocimiento, la tierra seguirá cambiando de manos, pero no de mundo.

Buscando si había reclamos de mujeres por la tierra más allá de la asamblea, llegué a una sentencia de la Suprema Corte, dictada en los noventa. Una hija reclamaba la parcela que su padre le había dejado. Un tribunal se la negó porque, al morir él, ella ya no dependía económicamente de su padre. La Corte corrigió: dijo que la dependencia debía evaluarse al momento de la designación, no después. Fue una victoria a medias, una rectificación técnica, no un reconocimiento. La Corte habló de procedimiento, no de justicia; de dependencia económica, no de desigualdad estructural. Era otro tiempo, cuando las mujeres no existían como categoría jurídica ni política, y las sentencias eran escritas por hombres que solo sabían mirar la ley, no la vida.

Esa decisión, vista hoy, revela su límite: una justicia que se atrevió a discutir el tiempo del derecho, pero no el cuerpo de quien lo reclamaba. No había perspectiva de género porque ni siquiera había lenguaje para nombrarla. Fue un eco de su época, cuando el derecho se creía neutral y la neutralidad era la forma más elegante del privilegio.

La desigualdad del campo es más vieja que las leyes. Nació con la idea de que la tierra pertenecía al jefe de familia. La Reforma Agraria repartió hectáreas, pero no equidad. Hubo excepciones: viudas o jefas de familia que lograron títulos, pero fueron pocas, casi simbólicas. El lenguaje lo confirmó: el ejidatario, el comunero, el beneficiario. Las mujeres fueron anotadas en las actas como apéndices, no como dueñas. El derecho agrario se escribió en masculino y la costumbre lo obedeció.

Pero como toda tierra, el campo germina resistencia. En el sur del país, las mujeres están haciendo lo que el Estado promete y no cumple. En Oaxaca siembran maíz nativo y gestionan cooperativas; en Chiapas, las redes tzotziles manejan huertos agroecológicos; en Guerrero, las me’phaa cultivan plantas medicinales y enseñan a las niñas a conservar la tierra como herencia. No reclaman caridad, sino reconocimiento. No esperan leyes: las reescriben con las manos. Su revolución es silenciosa y cotidiana.

También están las campesinas del norte y del centro, las jornaleras del Bajío, las que siembran, riegan y empacan sin figurar como propietarias. Todas sostienen el campo sin que el campo las nombre. Ellas prueban que la tierra cambió de patrones y de moldes, pero no de jerarquías.

El filósofo Frantz Fanon escribió que el colonialismo no razona: habla con el lenguaje de la fuerza y solo se comprende a sí mismo en la repetición de su violencia. El campo mexicano lo confirma: cambió el discurso, pero no la estructura; cambió el amo, pero no el método. La violencia de antes se transformó en trámite, en reglamento, en acta notarial. Y la antropóloga Rita Segato lo ha dicho desde otro frente: la violencia contra las mujeres no es moral, es política. En el campo, esa política se escribe con tinta agraria, con padrones que excluyen, con asambleas que callan. Es la misma historia contada por los mismos hombres, una y otra vez.

Esto también es violencia: que trabajen sin nombre, que siembren y no posean, que dependan jurídicamente de quien las necesita, que la ley las nombre como ayuda y no como sujetas, que el Estado las mire con ternura, pero no con justicia, que el silencio las cubra, la costumbre las borre y el archivo las olvide.

Y también es violencia nuestro olvido. Las feministas urbanas nos manifestamos cada 25 de noviembre con consignas legítimas, pero pocas veces pensamos en ellas: las que siembran el maíz que comemos, las que limpian los surcos y las casas, las que viven otras violencias, menos visibles, pero igual de hondas. No basta con que la ley las nombre, ni con que reciban tierra o programas. Falta que se reconozcan a sí mismas como sujetas, que su conocimiento valga tanto como el de quienes dictan la norma, que su voz, cuando hable, no se considere una interrupción.

Pero para reconocerse, primero hay que saber. Muchas mujeres del campo no saben que tienen derechos, no porque les falte inteligencia, sino porque durante generaciones se les hizo creer que decidir era cosa de los hombres. El derecho también se aprende, y la palabra también se hereda. Ellas necesitan información, acompañamiento, defensa. Saber que pueden opinar en la asamblea, firmar un acta, exigir un certificado a su nombre. Que no están ahí por permiso, sino por justicia.

El conocimiento es la primera tierra que hay que sembrar. La verdadera justicia agraria no empieza con la propiedad, sino con la voz: con saber que se puede decidir, con romper la ignorancia que no es falta de saber, sino de escucha. Las mujeres del campo no necesitan tutela, sino poder; no capacitación, sino interlocución. La tierra será justa cuando se siembre también la conciencia.

El feminismo necesita mirar más allá de las calles y tender puentes con las mujeres que siembran en silencio, esas que llevan siglos resistiendo sin pancartas. El derecho, por su parte, debe dejar de hablar desde arriba y aprender a escuchar desde abajo. La palabra dueña dejará de ser una excepción el día en que se vuelva costumbre.

Entonces, la armónica de mi abuelo sonará distinto, con todas las voces que el campo calló durante siglos. Ya no será solo un lamento, sino una llamada.
La tierra cantará cuando las mujeres que la trabajan también puedan hablar.

El canto libre, sin permiso, de las mujeres del campo.

Este texto forma parte de la serie “Violencias de las mujeres”, publicada en el marco del 25N, dedicada a reconocer las múltiples formas de violencia que nos atraviesan y a las mujeres que, desde distintos lugares, siembran justicia.