EL DIEZ DE MAYO Y LAS MUJERES QUE MÉXICO NO SABE CÓMO LLAMAR

Y si lo encuentro yo, ¿qué?

Bordado colectivo de madres buscadoras

La televisión colgada arriba de los refrigeradores de Coca-Cola hablaba demasiado fuerte para esa hora. La conductora sonreía entre promociones de desayunos buffet, flores envueltas en plástico y licuadoras en oferta mientras la taquería empezaba a llenarse de gente con prisa. Afuera, sobre la avenida, los coches avanzaban despacio entre vendedores de globos metálicos y muchachos que ofrecían ramos en los semáforos, porque en México el diez de mayo es ceremonia nacional; empieza temprano, ocupa las calles, invade las escuelas, llena restaurantes y obliga a las hijas y a los hijos a recordar, aunque sea por un día, que tienen madre.

La mujer dobló el mapa otra vez. A un lado del vaso de unicel con café soluble, está la fotografía plastificada del muchacho; la mica con tierra atorada en las orillas. En la cajuela del coche hay botellas de agua, guantes y palas.

Hace algunos años esa escena habría parecido imposible, pero hoy cualquiera en México entiende lo que significa. Aprendimos bastante rápido ese lenguaje y debería avergonzarnos la velocidad con que normalizamos lo que no debería tener nombre todavía, aunque no tenerlo no hace que desaparezca. Lo que no se nombra sigue sucediendo, solo que en silencio, sin registro y sin un obligación institucional de respuesta.

Una mujer entrando a una fiscalía con una carpeta transparente bajo el brazo; otra, revisando mensajes anónimos en grupos de Facebook a las dos de la mañana; palas acomodadas junto a hieleras y botellas de agua en la cajuela de un coche. Todas son imágenes que hace una década habrían necesitado explicación. Hoy no.

Una de las partes más devastadoras de las desapariciones es la velocidad con la que obligan a las personas a convertirse en especialistas de una tragedia que jamás imaginaron conocer. Y es que las madres terminan aprendiendo sobre competencias, registros, geolocalizaciones, mecanismos de búsqueda, oficios y resguardos mientras todavía siguen intentando entender qué fue lo que ocurrió. De pronto tienen que saber qué autoridad puede acompañar una búsqueda, quién puede intervenir un teléfono, cuánto tarda una fiscalía en autorizar diligencias o dónde preguntar cuando una carpeta lleva meses detenida sin explicación clara.

La burocracia tiene algo particularmente cruel cuando se cruza con el dolor: “con cinco copias”, “le falta firma”, “vaya a la otra oficina por el sello”, “este no es el formato”, “nosotros le llamamos”; mientras del otro lado hay personas intentando entender qué ocurrió con alguien que desapareció de pronto. Y además está escrita en un idioma que muchas veces ni las propias autoridades consiguen traducir del todo; porque no todas las personas saben lo que significa que una carpeta se esté integrando, por qué una diligencia puede posponerse durante meses, cuál es exactamente la diferencia entre una búsqueda en vida y una búsqueda forense.

Las madres aprenden todo eso a fuerza de repetición; a fuerza de golpes, y en ese aprendizaje forzado hay una injusticia que va más allá de la tragedia individual, porque ahora resulta que el Estado, que debería ser quien busca, termina siendo quien enseña a las madres cómo buscarlo a él mismo.

Y mientras las escuelas seguían preparando festivales para el diez de mayo, hace unos días, el gobierno mexicano respondió que no consideraba necesario incorporar el término “madre buscadora” a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y con su intención de que la respuesta fuera técnica, ordenada y, como siempre, aburrida en su tono, solo nos dijo que el marco jurídico vigente ya permite reconocerlas y protegerlas bajo categorías más amplias.

Esta discusión surgió después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara al Estado mexicano incluir las figuras de “madre buscadora”, “persona buscadora” y “madre de víctima de feminicidio” en esa legislación. La sentencia derivó del caso de Lilia Alejandra García Andrade, desaparecida y asesinada en Ciudad Juárez cuando tenía diecisiete años. Su madre lleva décadas buscando justicia y la Corte Interamericana le dio la razón, pero el Estado mexicano dijo que ya tenía palabras suficientes.

Conviene detenerse aquí, porque la respuesta oficial no es una mentira. La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ordenarle cosas a México, pero no tiene un policía que las ejecute, porque depende de que el Estado decida cumplir, y de cómo decide hacerlo. Ese margen existe, y México lo ha usado antes, así que el argumento de que las leyes actuales ya son suficientes para proteger a las madres buscadoras es, en términos formales, defendible.

Pero hay algo que por supuesto es distinto en este caso, y tiene que ver con lo que está en juego detrás de la discusión técnica, porque cuando el Estado dice que no necesita el término “madre buscadora” porque ya existen categorías suficientes, está diciéndonos que el fenómeno que esa expresión describe puede disolverse dentro de categorías genéricas sin que se pierda nada importante; que “defensora de derechos humanos” ya abarca todo; que no hay necesidad de admitir que México produjo algo específico, algo que no existía antes, algo que requiere un nombre propio porque es distinto a todo lo anterior. Eso es lo que el Estado se niega a admitir. Y en esa negativa está la resistencia a nombrar que es una forma de resistencia a responsabilizarse.

Durante años, en México, decir madre convocaba ciertas imágenes reconocibles, como la comida caliente, las canciones en los festivales escolares, el sacrificio vuelto virtud, la mujer que espera despierta hasta que todos regresan a casa; e incluso el dolor materno parecía tener una forma conocida: lágrimas, rezos, fotografías sobre una mesa. Pero las madres buscadoras alteraron esa imagen de manera irreversible. De pronto aparecieron mujeres recorriendo cerros con gorras para el sol, aprendiendo a usar varillas de búsqueda, entrando a fiscalías con carpetas llenas de copias y fotografías plastificadas bajo el brazo; madres que reciben palas como regalo porque el país ya no sabe dónde termina la negligencia y dónde empieza el horror.

No es un accidente que el lenguaje haya tenido que modificarse para hablar de ellas, porque las palabras crean la realidad pública. Lo que una ley nombra posee presencia institucional, porque obliga a mirar de frente fenómenos que durante años permanecieron dispersos o escondidos bajo categorías más generales. No es casual que términos como “feminicidio”, “violencia vicaria” o “desplazamiento forzado” hayan tardado tanto tiempo en entrar al vocabulario jurídico mexicano. Antes de convertirse en conceptos legales fueron experiencias que miles de personas intentaban explicar con otras palabras, sin conseguirlo del todo, porque las palabras disponibles no nos alcanzaban.

Así que el lenguaje común llegó antes que el lenguaje del Estado y acuñamos “madre buscadora” porque necesitábamos nombrar algo que existía y que las categorías oficiales no veían. Y cuando una ley finalmente adopta ese término, no está inventando nada, sino que está reconociendo una realidad que ya se conoce; está diciendo, con el peso que solo tiene el Derecho, que eso existe, que el Estado tiene obligaciones específicas frente a ello.

Negarse a dar ese paso no hace que las madres desaparezcan, porque ya aprendimos a reconocerlas demasiado bien. Pero mantenerlas fuera del lenguaje jurídico sí tiene consecuencias prácticas. Sin un nombre específico, no hay protocolos específicos; sin protocolos específicos, cada caso se resuelve o no se resuelve según el criterio del funcionario de turno; y ya sabemos cómo termina eso.

Hay un cinismo particular en decirle a una mujer que busca a su hijo desaparecido que el marco jurídico vigente ya la protege; que no necesita un nombre porque ya tiene uno más grande, más general y que parece que alcanza para todo; que defensora de derechos humanos ya no necesita más palabras; como si el problema fuera de taxonomía y no de voluntad política; como si lo que faltara fuera un sinónimo y no un compromiso.

Afuera de la taquería, el diez de mayo pasa. Los globos metálicos, los ramos en los semáforos, la televisión que no baja el volumen. México celebra a sus madres con la efusividad característica de los países que saben que están en deuda con ellas.

Adentro, la mujer termina el café; guarda la fotografía plastificada; revisa el teléfono por si llegó algún mensaje en los grupos de búsqueda, o en esos grupos de Facebook que funcionan de madrugada, que circulan datos que ninguna autoridad circula, que coordinan lo que el Estado no coordina.

Ella no necesita que una ley la nombre para saber quién es, porque lleva años sabiéndolo. Lo que necesita es que el Estado también lo sepa, que lo admita formalmente, que asuma las obligaciones que ese nombre implica y que deje de esconderse detrás de categorías generales como quien esconde una vergüenza detrás de un eufemismo.

Aceptar el término “madre buscadora” en la ley implica admitir que México produjo una forma de maternidad que no existía antes; una maternidad atravesada por las fosas, las fiscalías, las búsquedas y la incertidumbre interminable de no saber dónde está un hijo. Una maternidad que aprendió a usar varillas de búsqueda porque nadie más lo hacía. Una maternidad que recibe palas de regalo.

Eso es lo que hay detrás de una discusión que el gobierno quiere reducir a tecnicismo jurídico; no puede ser un debate sobre sinónimos; debe ser un debate sobre si el Estado está dispuesto a mirarse en el espejo y decir, con todas sus letras, lo que le ha hecho a sus madres.

La mujer sale de la taquería, mientras el sol de mayo pega fuerte. Abre la cajuela, revisa las botellas de agua, los guantes, las palas; dobla el mapa una vez más. El Estado todavía no sabe cómo llamarla.