LO QUE EL ESTADO NO ENTIENDE. LA VIDA NO ES UN FORMULARIO Y LA PRIVACIDAD NO ES UN PERMISO

Desde niña me han gustado las historias completas. No el chisme mediocre, no el luego te cuento que nunca llega, sino la trama entera, con prólogo, nudo y epílogo, como Dios manda. Siempre he sentido que las vidas ajenas son novelas a medio escribir y que alguien tiene que pedir las páginas que faltan. Yo, por supuesto. Preguntaba todo, insistía, escuchaba con el fervor de quien cree que una pista esencial puede aparecer en la frase más mínima. Una verdadera arqueóloga de motivos ajenos, capaz de excavar donde otros solo ven polvo. Con los años, lejos de curárseme, se me afiló el instinto.

Por eso, cuando alguien decía me separé, mi cabeza se iluminaba como un tablero encendido: ¿y por qué?, ¿y desde cuándo?, ¿y quién dejó a quién? No por morbo, lo juro, sino por esa necesidad casi romántica de completar la experiencia humana. Como si la vida fuera un rompecabezas y yo no pudiera tolerar una pieza fuera de lugar.

Ayer hablábamos mi hija, su novio y yo sobre el chisme, así, en general, como quien conversa del clima. Pregunté si había diferencia entre hombres y mujeres. Farah me miró con esa expresión que mezcla amor y resignación, como si yo fuera una criatura entrañable pero defectuosa, y dijo que sí, que yo siempre quería saber más. Que Chema, en cambio, nunca preguntaba nada. Nada. Nunca.

Lo volteé a ver con una mezcla de sorpresa y genuina intriga. ¿Cómo puede vivir alguien sin hacer preguntas? ¿No le da comezón la curiosidad? ¿No siente que se pierde capítulos enteros de la serie humana? Le pregunté por qué. Él me miró con una calma olímpica, la clase de serenidad que solo tienen los monjes tibetanos y los hombres de veintitantos, y dijo que si no le cuentan más es porque no quieren contar más. Ya está. No hay misterio, no hay capítulo perdido. Si la historia no avanza, es porque hasta ahí llegaba.

Esa simpleza me dejó muda. Como si entendiera al fin que no todo lo que me intriga reclama ser rescatado. Y desde ahí, desde esa humildad recién adquirida, pensé lo distinto que sería si el Estado aprendiera esa misma lección, si supiera detenerse cuando la historia no le pertenece.

Pero no es así. Mientras una aprende a soltar preguntas, lo público parece decidido a coleccionar respuestas. Pregunta, piden, registran, acumulan; como si la ciudadanía fuera un expediente interrumpido que alguien siente la obligación de completar.

Hoy incluso cuando no decimos nada, alguien recoge pequeñas migas de nuestra vida. No saben qué sentimos ni qué pensamos, pero sí dónde estuvimos, qué teléfono usamos, a qué hora, con qué frecuencia. Pequeños datos en apariencia inofensivos, pero que al juntarse dicen más de lo que deberían. Un rastro que no elegimos dejar y que, sin embargo, queda, porque siempre queda.

Y a partir de este enero ese rastro dejará de ser casual para convertirse en requisito. Para conservar una línea celular habrá que entregar identificación, CURP, domicilio, información técnica de la línea y el número único del aparato. No como algo voluntario, sino como condición indispensable para seguir comunicándonos. Sin registro no hay llamada, no hay mensaje, no hay nada. Lo anuncian como un simple trámite, con instrucciones y todo, pero toca fibras que ningún trámite debería tocar.

La palabra justificadora es la misma de siempre: seguridad. Y sí, hace falta. Pero también he visto cómo ese argumento sirve para tomar más camino del que corresponde. Los datos no entienden excepciones, no saben si lo que hoy entregas fue un tropiezo, un mal día, una circunstancia extraordinaria. Se guardan sin matiz y sin olvido.

El derecho, sin embargo, ha venido marcando límites desde hace tiempo. El artículo 16 constitucional, tan discreto que pareciera invisible, dice que la información personal no es una ficha neutra, es una extensión de la persona misma; que quien quiera pedirla debe explicar para qué la necesita y por qué no puede lograr lo mismo con menos. No es un trámite, sino un un freno, una advertencia contra ese impulso de querer saberlo todo solo porque la tecnología lo permite.

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares dice lo mismo con otras palabras: un dato solo se pide cuando hace falta, no cuando conviene. Y aunque parezca obvio, no siempre actuamos como si lo fuera. El consentimiento, ese botón que apretamos sin mirar, debería ser una decisión real, no una formalidad resignada, porque no todo lo que se puede almacenar merece ser almacenado.

Los estándares internacionales afinan esta idea, por ejemplo, la Corte Interamericana ha dicho que vigilar es un acto de poder que exige razones estrictas y alternativas menos invasivas antes de optar por las intrusivas y el Comité de Derechos Humanos de la ONU también dice que ninguna intromisión es válida solo porque la tecnología la vuelve posible. Si el derecho sirve para algo, es para recordarnos que poder no equivale a permiso.

Tal vez no todos recordamos el PANAUT (Padrón Nacional de Ususarios de Telefonía Móvil), creado en 2021 con la intención de registrar incluso datos biométricos, nunca llegó a funcionar, porque la Suprema Corte lo detuvo antes de que respirara. No porque el país no necesitara seguridad, sino porque el Estado no pudo responder una pregunta básica: ¿por qué tanto?, ¿por qué así? Cuando un gobierno no puede justificar la acumulación, el derecho hace lo único que puede hacer: cierra la puerta.

Las redes sociales nos dieron una ilusión engañosa: la sensación de que controlamos lo que mostramos. Elegimos la foto, la frase, el encuadre. Pero incluso ahí, donde parece que decidimos, la información se mueve sola. Una imagen viaja, un comentario se desarma, una ubicación queda rondando donde nunca quisimos dejarla. Y aun así, en ese territorio, queda algo de libertad: la capacidad de elegir qué contar y qué guardar.

Con los registros obligatorios, esa libertad se reduce. Ya no se trata de lo que queremos compartir, sino de lo que estamos obligados a entregar y el consentimiento desaparece; el silencio deja de ser opción.

Tal vez por eso conviene pensar. Pensar qué implica entregar datos que no podremos retirar. Pensar cómo un número, una ubicación, un IMEI se transforma en una forma discreta de seguimiento cotidiano. Pensar que lo que hoy parece inocuo puede ser leído mañana bajo criterios que ni siquiera existen todavía. Y no es miedo ni nostalgia, es cuidado. El cuidado de no entregar sin conciencia aquello que el derecho reconoce como parte de la dignidad.

Seguramente todo se reduce a aquella frase de Chema: si alguien no quiere contar más, es porque no quiere contar más. Qué distinto sería si las instituciones entendieran esa simpleza. Que pregunten no significa que tengan derecho a saber.

Tal vez no podamos evitar ciertos registros ni transformar al Estado de inmediato. Pero sí podemos proteger un lugar interior que diga: esto es mío. Esta parte de mi historia no se completa desde afuera. No se trata de ocultar. Se trata de no desaparecer bajo la comodidad de un expediente que pretende explicarnos.

Porque al final, lo que decimos es solo una parte de quienes somos. Lo que callamos, lo que elegimos guardar, también nos define. Allí, en esa reserva silenciosa, sigue existiendo un margen de libertad frente a un mundo que insiste en completarnos.

Y quizá por eso, a veces la libertad empieza no en lo que decimos, sino en lo que decidimos guardar para nosotros.