EL DERECHO A NO OPINAR. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, SILENCIO Y DECISIONES EN TIEMPO REAL

A las dos y media de la mañana llegó un mensaje a un grupo de amigas. Una de ellas está de visita en Venezuela. Por un momento me asusté, porque nadie escribe a esa hora para dar buenas noticias, o al menos eso dice mi pensamiento alarmista. Luego me tranquilicé y pensé (con un optimismo que estoy intentando practicar este año), que tal vez se trataba de una felicitación tardía, de esas que manda algún distraído cuando el calendario ya avanzó.

No era eso. Una de mis amigas avisaba que se hablaba de una posible intervención en Venezuela y preguntaba si todo estaba bien, o cómo se sentía el ambiente.

Abrí X, todavía medio dormida, y pensé que, si a eso que estaba pasando se le llamaba guerra, se parecía poco a las guerras que una imagina. No había nada que lo anunciara. Solo mensajes, opiniones, condenas, aplausos. Todo dicho con la misma urgencia. Muchos mensajes. Demasiados.

Dejé el teléfono a un lado. No porque no importara, sino porque ahí no había espacio para no saber. Y yo, en ese momento, solo quería dormir.

La respuesta del grupo llegó horas después. Mi amiga contestó que apenas se estaba enterando, que todo seguía igual, que en la calle no se percibía nada fuera de lo normal.

Más tarde desperté a mi hija.

—¿Ya sabes que agarraron a Maduro y tú sigues dormida?

Me miró sin entender bien la urgencia.

—¿Y yo qué puedo hacer?

—Opinar —le dije.

—No sé nada —respondió—. No sé qué opinar.

Se dio la vuelta y siguió durmiendo.

Al mediodía, mientras comíamos barbacoa, le pregunté a mi hermana.

—¿Tú qué opinas?

—Nada —me dijo—. No se puede hacer nada.

—Pero algo habrá que decir, ¿no?

—¿Y qué puedo hacer yo?

Después seguimos comiendo. A mi alrededor todo seguía igual. La sensación de urgencia, las opiniones tajantes y el miedo no estaban ahí, estaban en la pantalla. Decir algo empezaba a parecer suficiente. Callar dejaba la conversación abierta.

La barbacoa ya estaba fría y nadie lo dijo en voz alta. Mi papá preguntó si quedaban tortillas; mi mamá se quejó de que el refresco se había quedado sin gas. Nadie volvió al tema.

El lenguaje del derecho internacional no suele empezar en una mesa.

El derecho internacional de los derechos humanos suele hablar desde lejos, no desde la escena concreta y desde sus textos fundacionales, habla en plural. La Carta de las Naciones Unidas, los Pactos Internacionales de 1966, las declaraciones sobre autodeterminación, paz o desarrollo se formulan en nombre de pueblos, de Estados, de comunidades enteras. No porque se olviden de las personas, sino porque buscan ordenar conflictos que afectan a muchos al mismo tiempo.

El derecho a la autodeterminación de los pueblos, la prohibición del uso de la fuerza, el principio de no intervención, incluso la idea de democracia, están pensados para operar a gran escala. Son derechos humanos, sí, pero escritos para fijar marcos generales, para poner límites cuando las decisiones involucran a millones.

Por eso, en momentos así, solemos pedir que instituciones y figuras públicas hablen. No solo para tomar partido, sino para poner lo que ocurre en un lenguaje común, reconocible, que permita entender el conflicto más allá de la avalancha de opiniones.

Y en ese registro leí el comunicado de la UNAM, en el que fija su posición institucional frente a lo ocurrido en Venezuela. En el cierre, afirma que “no es posible permanecer indiferentes frente a la gravedad de los hechos” y llama a “asumir una responsabilidad colectiva ante las violaciones a los derechos humanos”.

Dicho así, el mensaje es claro. Observar no basta.

Ese lenguaje es propio de los derechos globales, que buscan generar consensos, fijar posiciones comunes y evitar que situaciones graves se diluyan en la pasividad. Pero también introduce una presión: la idea de que el silencio individual empieza a leerse como una falta y abre un problema que el texto no formula de manera directa. Si frente a ciertos hechos no basta con observar, ¿qué lugar queda para quien no tiene todavía una opinión formada? ¿Para quien duda, para quien necesita tiempo, para quien no sabe qué decir?

El derecho internacional de los derechos humanos responde a esa cuestión en más de un registro. Habla en nombre de pueblos y Estados desde una lógica colectiva. Cuando protege libertades como la de expresión, baja la escala y se detiene en la persona concreta.

La libertad de expresión es un derecho humano reconocido en los mismos instrumentos internacionales. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protegen la posibilidad de buscar, recibir y difundir ideas. No convierten la opinión en una obligación inmediata.

Ese punto se entiende mejor con la lectura de Ronald Dworkin, para quien la libertad de expresión no se justifica por sus buenos resultados ni por su utilidad social, sino porque forma parte del respeto que se debe a cada persona como agente moral. Desde ahí, ni hablar ni callar pueden imponerse como deber. El derecho no está para exigir pronunciamientos, sino para impedir que otros decidan cuándo debemos tener una opinión.

En algún momento volví a tomar el teléfono. No para entender mejor lo que estaba pasando, sino por costumbre. Leí otro mensaje. Dejé uno sin responder.

Luego me levanté a hacer café.

A veces, ejercer un derecho se parece más a eso que a escribir una opinión urgente.